(FORMATOS DE ) AMPARO CONTRA LA NEGATIVA DE REPRESENTACIÓN DEL COADYUVANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL PROCESO PENAL.

Estos últimos días esta de moda hablar de las victimas del delito, se expiden leyes, que no son viables, y que deben de perfeccionarse, sin embargo debe de enfocarse los esfuerzos, para vigilar que se cumplan y respeten los derechos PROCESALES de las victimas en en proceso penal de nuestro país, toda aquel que ha tenido la desgracia de pisar un Juzgado penal o Agencia del Ministerio Público, sabe que la victima es doblemente lastimada, en primer lugar por el delincuente y en segundo por la autoridad.

 

La Victima estorba, en el proceso, y si tiene el  DESCARO DE QUERER PARTICIPAR EN EL MISMO, es una ofensa que el Juez no puede permitir, y mucho menos que la victima tenga un licenciado en derecho as u lado.

 

En esta ocasión les comparto un caso en el cual logre que se me reconociera la personalidad como representante del coadyuvante en un procedimiento penal, mi actuación en el mismo es mínima  POR QUE ASÍ LO MARCA LA LEY, sin embargo, pude estar presente en audiencias y demás diligencias, sin que sienta que el Juez me hace un favor, aquí están los escritos, hay usarlos, no dejemos que los Jueces sigan haciendo arbitrariedades.

 

ESCRITO PRESENTADO ANTE EL JUEZ PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, DONDE SE SOLICITA LA REPRESENTACIÓN.

 

CAUSA PENAL:

DELITO: HOMICIDIO Y LESIONES CULPOSAS.

 

JUEZ TRIGÉSIMO SÉPTIMO PENAL,

EN EL DISTRITO FEDERAL.

 

XXXXXXXXXXXXX, por mi propio derecho y en mi carácter de ofendido, padre de la victima  XXXXXXXXXX; solicitando en este acto se me reconozca el carácter de coadyuvante del ministerio publico personalidad reconocida en autos, por medio del presente escrito, vengo por este medio de manera, pacífica, respetuosa y por escrito a otorgar poder general para pleitos y cobranzas, con cláusula especial, a favor de el DOCTOR EN DERECHO ELÍAS POLANCO BRAGA, MAESTROS EN DERECHO ADRIAN POLANCO POLANCO Y JOSÉ GREGORIO VÁZQUEZ PÉREZ, en términos del párrafo tercero del artículo 264 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, en relación a los artículos 70 y 417 del ordenamiento legal citado, razón por la cual solicito se fije fecha y hora para comparecer a ratificar el mandato otorgado en los términos de los artículos 2551, 2554, 2555, y 2585 del Código Civil para el Distrito Federal.

 

De igual modo por este medio y con fundamento en los artículos 80 y 82 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, en este acto señalo como domicilio para oír notificaciones y recibir todo tipo de documentos el ubicado en la calle de Guatemala, número 10, Despacho 210, “Pasaje Catedral”, Colonia Centro, México, Distrito Federal, expresando mi total inconformidad en que se me notifique por medio del Ministerio Publico.

 

 

 

 

CARTA PODER

 

México, Distrito Federal a .

C. JUEZ TRIGÉSIMO SÉPTIMO PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL.

 

 

Por la presente otorgo a los Sr. ELÍAS POLANCO BRAGA, JOSÉ GREGORIO VÁZQUEZ PÉREZ, Y ADRIAN POLANCO POLANCO, poder general para pleitos y cobranzas, con cláusula especial amplio, cumplido y bastante, para que a mi nombre y representación comparezcan ante esta H. Juzgado, a efecto de me represente en mi calidad de coadyuvante del Ministerio Publico y en relación a los artículos 70 y 417 del ordenamiento legal citado, mandato otorgado en los términos de los artículos 2551, 2554, 2555, y 2585 del Código Civil para el Distrito Federal, para que de manera enunciativa mas no limitativa puedan; ofrezcan pruebas, reconozcan firmas y documentos, redarguyan de falso a los que se presente por la contraria, presenten testigos, vea protestar a los de la contraria y los repregunte y tache, articule y absuelva posiciones, nombre peritos, objete, recuse a los de la contraria; recuse autoridades; oiga autos, resoluciones interlocutorias y definitivas, consienta de los favorables y pida revocación por contrario imperio; apele, interponga juicio de garantías y se desista de los medios de impugnación que procedan; pida aclaración de sentencias; ejecute, embargue y me represente en los embargos, pida remate de los bienes embargados; asista a las almonedas; trance este juicio perciba valores, otorgue recibos y cartas de pago; gestione el otorgamiento de garantías y, en fin tramiten todo lo relacionado a este procedimiento hasta su total solución en la instancia y ante las autoridades jurisdiccionales o de control constitucional respectivas. Gozando en el ejercicio del poder conferido de toda aquellas facultades que procedan, inclusive las que requieran cláusula especial, ratificando desde hoy todo lo que haga sobre este particular, en términos de los artículos 2551, 2554, 2555, y 2585 del Código Civil para el Distrito Federal

 

ATENTAMENTE

(Nombres y firmas de los aceptantes)

José Gregorio Vázquez Pérez.                 Adrián Polanco Polanco.

Elías Polanco Braga.

 

(Nombre(s) y firma(s) del(os) otorgante(s))

 

 

 

(Nombres y firmas de los testigos)

 

 

 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO

A ESTA SOLICITUD EL JUEZ PENAL LE EMITIÓ AUTO EN EL CUAL SIN FUNDAR NI MOTIVAR INDICA QUE NO SE ME TIENE POR AUTORIZADA LA REPRESENTACIÓN SOLICITADA Y MUCHO MENOS EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.

ANTE ELLO INTERPUSE RECURSO DE REVOCACIÓN EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

CAUSA PENAL:

DELITO: HOMICIDIO Y LESIONES CULPOSAS.

 

JUEZ TRIGÉSIMO SÉPTIMO PENAL,

EN EL DISTRITO FEDERAL.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, por mi propio derecho y en mi carácter de coadyuvante al rubro citado, personalidad reconocida en autos, ante usted con el debido respeto comparezco para exponer:

 

Por medio del presente escrito, con fundamento en los artículos 412 y 413 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, vengo a interponer recurso de revocación en contra del auto de fecha ___ de junio de 2011, dictado en el proceso en el que se actúa.

 

Resolución que me causa los siguientes:

 

MOTIVOS DE REVOCACIÓN

 

1.-  Debe decretarse la revocación de la resolución indicada y proceder a toda vez, que la citada resolución deja de observar lo signado por los artículos 9 bis fracción XV, 70, 109 bis, 417, párrafo tercero del artículo 264 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, señalan expresamente la posibilidad que tiene el suscrito de nombrar un representante legal, toda vez que dicha facultad es uno de los derechos que integran la capacidad de goce de toda persona, motivo por el cual puedo válidamente autorizar a un tercero para que realice una actividad cuyos beneficios totales o parciales recaerán en el suscrito, es decir en el caso concreto si se me ha reconocido la personalidad de coadyuvante el procedimiento penal de origen, tengo la facultad plena de autorizar a un tercero a que realice las actividades de coadyuvante que me han sido conferidas, máxime que no son perito en la materia penal, esto es, el derecho a la representación, el cual se ve, en el poder general para pleitos y cobranzas, con cláusula especial, que otorgo, mediante escrito simple, que con fundamento en los artículos 2546, 2551, 2554, 2555, y 2585 del Código Civil para el Distrito Federal, que regulan el mandato como un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga.

 

 

2.- De igual modo me causa agravio la falta de observancia de los artículos 80 y 82 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, que señalan que la suscrita puede designar un domicilio para que se para que se le hagan las notificaciones, citaciones, requerimientos o emplazamientos que procedieren, toda vez que el mismo interviene por motivo legal en la tramitación del procedimiento natural, motivo por el cual la negativa de tener por autorizado dicho domicilio es contraria al Código adjetivo aplicable, razón por la cual que no se me autorice el domicilio para ori y recibir notificaciones se convierte en una violación de imposible reparación, en mi perjuicio, al negarme la garantía de audiencia.

 

Por lo antes expuesto;

 

ATENTAMENTE PIDO:

 

ÚNICO.- Tenerme por presentado, interponiendo recurso de revocacion en contra de la resolución aludida.

 

AL RECURSO DE MERITO LE RECAE EL SIGUIENTE ACUERDO:

“AUTO. México, Distrito Federal a ocho de junio de dos “mil once.

 

Visto el escrito a que se refiere la cuenta secretarial que “antecede y por medio del cual la ciudadana ******************************, argumenta en lo conducente: por medio del presente, “con fundamento en los artículos 412 y 413 del Código de “Procedimientos Penales para el Distrito Federal, vengo a “interponer el recurso de revocación en contra del auto de fecha “dos de junio de dos mil once, dictado en el proceso en que se “actúa, resolución que me causa lo siguiente: 1.- Debe decretarse “la revocación de la resolución indicada y proceder, toda vez que “la citada resolución deja de observar lo signado por los artículos “9 bis, fracción XV, 109 bis, 417, párrafo tercero del artículo 264 “del Código de Procedimientos Penales vigente para el Distrito “Federal, señalan expresamente la posibilidad que tiene la “suscrita de nombrar un representante legal, toda vez que dicha “facultad es uno de los derechos que integran la capacidad de “goce de toda persona, motivo por el cual puedo válidamente “autorizar a un tercero para que realice una actividad cuyos “beneficios totales o parciales recaerán en la suscrita, es decir, en “el caso en concreto si se me ha reconocido la personalidad de “coadyuvante en el procedimiento penal de origen, tengo la “facultad plena de autorizar a un tercero a que realice las “actividades de coadyuvante que me han sido conferidas, máxime “que no soy perito en la materia penal, esto es el derecho a la “representación, el cual se ve en el poder general para pleitos y “cobranzas, con cláusula especial que otorgo mediante escrito “simple, que con fundamento en los artículos 2546, 2551, 2554, “2555 y 2585 del Código Civil para el Distrito Federal, que regulan “el mandato como un contrato por el que el mandatario se obliga a “ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que a éste le “encargan. 2.- De igual modo me causa agravio la falta de “observancia de los artículos 80 y 82 del Código de “Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que señalan que “la suscrita puede designar un domicilio para que se le hagan las “notificaciones, citaciones, requerimientos o emplazamientos, toda “vez que la misma interviene por motivo legal en la tramitación del “procedimiento natural, motivo por el cual la negativa de tener por “autorizado dicho domicilio es contraria al código adjetivo “aplicable, razón por la cual, que no se me autorice el domicilio “para oír y recibir notificaciones, se convierte en una violación de “imposible reparación en mi perjuicio, al negarme la garantía de “audiencia. Por lo que una vez transcrito lo anterior se emite el “siguiente: ACUERDO. Atendiendo que la promovente en “términos de los numerales 412 y 413, interpone el recurso de “revocación, en contra del auto de fecha dos de junio del año en “curso, se tienen por hechas sus manifestaciones, y por estar “interpuesto en tiempo y forma, con fundamento en el artículo 412 “del Código de Procedimientos Penales, se le admite el mismo, y “toda vez que no se hace necesario a juicio de la suscrita oír a las “partes, lo anterior con fundamento en el artículo 413 del “ordenamiento legal antes invocado, se resuelve en los siguientes “términos: No ha lugar a revocar el auto de fecha dos de junio del “año que cursa, mediante el cual este juzgador estimó “conveniente no acordar de conformidad lo solicitado por la “promovente, respecto del poder otorgado al doctor en derecho “**********, maestros en derecho ******************************“lo anterior por las razones que a continuación se señalan: 1.- No “pasa desapercibido para este juzgador que el numeral 264 del “Código de Procedimientos Penales vigente para el Distrito “Federal, es muy claro al precisar las personas legitimadas para “formular una querella lo que incluso puede suceder por medio de “un poder, requisito de procedibilidad que en el caso que nos “ocupa ya se surtió, pues prosperó con la propuesta de ejercicio “de la acción penal por parte del ministerio público, instaurándose “un proceso en contra del procesado ******************************.

 

2.- Ahora bien, la “promovente alude a que este juzgador dejó de observar lo “signado por los numerales 9 bis, fracción XV, 109 bis, 417, “párrafo tercero del artículo 264 del Código de Procedimientos “Penales vigente para el Distrito Federal, al respecto es necesario “puntualizar lo siguiente, la fracción XV, del artículo 9 bis, numeral “que se encuentra en el Capítulo I bis, de las ‘Víctimas o los “ofendidos por algún delito’ señala: (se transcribe). El numeral 70 “del mismo ordenamiento procesal invoca: (se transcribe). El “artículo 109 bis al respecto señala: (se transcribe). Por otro lado “el numeral 417, reza: (se transcribe). Finalmente, el párrafo “tercero del numeral 264 del mismo ordenamiento procesal, “indica: (se transcribe). Después de realizar la transcripción de los “numerales invocados por la promovente, en términos de los “numerales 8, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política al “efectuar una armónica interpretación de las disposiciones “procesales penales del Distrito Federal, este juzgador partiendo “de las facultades que la propia ley le concede, estima que, no le “asiste la razón a la promovente pues en lo tocante a la fracción “XV del artículo 90 bis, nos remite a la naturaleza o “consecuencias de un perdón otorgado y la obligación de la “representación social de informar a la víctima o su representante “legal. Bajo el mismo tenor, por cuanto hace al numeral 70, prevé “de manera disyuntiva la accesibilidad de uno u otro de “apersonarse en las diligencias de carácter judicial pues al “respecto indica ‘la víctima o el ofendido o su representante “pueden comparecer en la audiencia de alegar lo que a su “derecho convenga’ es decir, siguiendo de manera congruente la “interpretación de tal disposición procesal ante la ausencia o falta “de alguno de ellos es que se puede alternar su intervención, de “ahí que al haberse reconocido a la promovente la calidad de “coadyuvante del ministerio público, se está en condiciones de “contribuir con el ministerio público en la integración de la “averiguación y en eldesarrollo del proceso a comprobar ante el “ministerio público para poner a disposición todos los datos “conducentes a acreditar el cuerpo del delito, la responsabilidad “del indiciado y el monto del daño y su reparación y a que el “ministerio público integre dichos datos a la averiguación y a tener “acceso al expediente para informarse sobre el estado y avance “de la averiguación previa entre otras cosas; y no obstante señalar “que puede ‘válidamente autorizar a un tercero para que realice “una actividad cuyos beneficios totales o parciales recaerán en el “suscrito (sic)’, sin realizar una aseveración temeraria, como se ha “señalado en ocasión anterior es claro que –sin conceder- que en “el supuesto de que la causa que nos ocupa, se condenara al “procesado al pago de la reparación del daño, basta con que se “apersone en el local del juzgado la víctima u ofendido o a falta de “éstos sus dependientes económicos, herederos o “derechohabientes a reclamar el pago del citado concepto, es “decir de la simple lectura del escrito que se prevé se observa que “lo que pretende la coadyuvante es, de manera alguna designar “representantes, con ello pretende la satisfacción de la reparación “del daño, no obstante lo anterior, este juzgador al respecto “atenderá lo preceptuado en los numerales 9 y 9 bis, del Código “de Procedimientos Penales en cuanto a la actividad del ministerio “público y salvaguardar los derechos que la ley consagra a favor “de los denunciantes, querellantes y las víctimas u ofendidos por “la comisión de un delito en el proceso.

Por cuanto hace al “numeral 109 bis, del código procesal penal, a que alude la “promovente debe observarse que el código procesal penal en el “Capítulo I bis, ‘De las víctimas u ofendidos por algún delito’, es “claro a establecer el derecho que tienen los denunciantes, “querellantes y las víctimas u ofendidos por la comisión de un “delito tanto en averiguación previa como en el proceso –según “corresponda- pues al respecto señala lo siguiente: (se transcribe).

 

Es menester precisar que de la transcripción del “numeral 9 del código procesal penal, queda claramente “establecido quién o quiénes tienen derecho a que se les “reconozca la calidad –en su caso- de coadyuvante del ministerio “público, sin que señale disposición alguna para efecto de que se “reconozcan a terceros para intervenir como representantes de las “víctimas u ofendidos en algún procedimiento penal, pues no es “óbice destacar que el Apartado ‘B’ del artículo 20 constitucional “establece las garantías que en todo proceso penal tienen “derecho en el caso en concreto la víctima o el ofendido, pues en “lo tocante, indica: (se transcribe). Precisado lo anterior, es “evidente que este juzgador en estricto apego a las normas “constitucionales, pondera el hecho de salvaguardar sus “garantías, amén de que a la promovente le ha sido reconocida la “calidad de coadyuvante, y por ende, no se estima que con ello se “vulnere o violenten sus garantías, pues –se insiste- este juzgador “actúa partiendo de las facultades que la propia ley le concede, de “ahí que no se estime procedente acordar de conformidad lo “solicitado, reiterando que cuenta con la calidad de coadyuvante y “por ende prevalecen todas y cada una de las facultades y “derechos que la propia ley establece, y ello no les faculta a “designar a terceros para actos de representación y el poder “general para pleitos y cobranzas que hacen referencia, se le “otorgará exclusivamente a las personas morales y en el caso de “las personas físicas únicamente para satisfacer el requisito de “procedibilidad (denuncia o querella); tal y como lo prevé la ley “que rige el procedimiento, por lo que al no resultar procedente “admitir la representación que pretenden es inatendible que se les “tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones el que “proporcionan en su escrito. En lo concerniente a lo establecido “en el numeral 417, es claro que al contar con la calidad de “coadyuvante en la presente causa, tiene derecho a –en su “momento interponer los recursos que la propia ley le conceda, “reiterándose que el párrafo tercero del numeral 264 que se “enfoca a la querella, la cual efectivamente puede realizarse a “través de un representante, lo que –como ya se dijo- en su “momento surtió efectos, pese a que la misma la realizaron los “familiares tanto del occiso como del ofendido lesionado. Es por lo “que en base a todos y cada uno de los argumentos esgrimidos “en el cuerpo del presente proveído no es de revocarse y no se “revoca el auto de fecha dos de junio del año en curso, quedando “subsistente en todas y cada una de las partes, por encontrarse “ajustado a derecho. Notifíquese…”

ANTE ESTE NUEVO ACTO DE ABUSO INTERPUSE AMPARO INDIRECTO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

QUEJOSO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

AMPARO INDIRECTO.

 

C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA AMPARO PENAL EN TURNO,

EN EL DISTRITO FEDERAL.

        

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en mi carácter de coadyuvante en la causa penal con el número: , radicada ante el Juzgado 37 de lo penal del Distrito Federal, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, documentos y valores el ubicado en calle de Guatemala, número 10, Despacho 210, “Pasaje Catedral”, Colonia Centro, México, Distrito Federal, autorizando para los mismos efectos y con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, al Doctor en Derecho ELIAS POLANCO BRAGA, a los Maestros en Derecho JOSÉ GREGORIO VÁZQUEZ PÉREZ, con numero de cedula profesional: 4389781 y registro electrónico: 110464 y ADRIAN POLANCO POLANCO, con numero de cedula profesional 5275027 y registro electrónico: 110460, y autorizando para oír y recibir notificaciones a si como para recoger valores al C. JUAN MANUEL LÓPEZ HERNÁNDEZ, autorizando a dichas personas a que se imponga de autos mediante el empleo de medios electrónicos como lo son las cámaras fotográficas, ante Usted con el debido respeto comparezco a exponer:

 

Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 4, 114, 116 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, vengo a demandar EL AMPARO Y PROTECCIÓN de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que en el capítulo correspondiente señalaré:

 

Para efectos de lo dispuesto por el Artículo 116 de la Ley de Amparo al efecto manifiesto:

 

I.-     NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO:,  que ha quedado debidamente descrito al inicio del presente escrito.

 

II.-    NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO:

 

      , procesado en la cusa penal donde emana el acto reclamado, señalamos que actualmente dicha persona, SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD Y ESTA RECLUIDO EN EL INTERIOR DEL RECLUSORIO NORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UBICADO EN JAIME NUNÓ NÚMERO 205, COLONIA CUAUTEPEC, BARRIO BAJO, C.P. 07000, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, esto en razón de que mediante auto de formal prisión dictado en la causa penal  el JUZGADO 37 DE LO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, ordeno que dicha persona fuera privada de su libertad; así mismo indicamos que su domicilio particular es el ubicado en CALLE FLORICULTURA NUMERO 321 DE LA COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.

III.-  AUTORIDADES RESPONSABLES:

 

1.- JUEZ 37 DE LO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL.

 

         IV.-   ACTO RECLAMADO: Resolución que determina que es improcedente el recurso de revocación presentado por la suscrita, dictado en la causa penal número , mediante el cual no se reconoce la personalidad de mis representantes legales, ocasionándome, incertidumbre jurídica y violación a mis derechos sustantivos fundamentales, contrario a lo establecido por los artículos, 14, 16, 17, y 20,  constitucionales.

 

         V.- PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS: artículos 14, 16, 17, y 20 constitucionales.

 

VI. MANIFIESTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS HECHOS O ABSTENCIONES QUE EN ADELANTE SE MENCIONEN, CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Y LOS FUNDAMENTOS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.

 

ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO

 

1.- Con fecha 20 de Marzo de 2011, se inicio indagatoria penal en contra de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por lo delitos de Homicidio culposo en contra de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y Lesiones Culposas consignando dicha indagatoria.

 

2.- De la consignación referida en el hecho anterior le toco conocer al Juzgado 37 penal del Distrito Federal, el cual emitió auto de radicación designando el número de expediente para dicha causa el 72/2011.

 

3.- Es el caso que el juzgado 37 de lo penal del Distrito Federal, dicto auto de formal prisión en contra del hoy probable responsable, ordenando que se abriera proceso sumario.

 

4.- Me apersone a dicho procedimiento penal solicitando se me reconociera el carácter de coadyuvante, personalidad que me fue reconocida por la autoridad responsables.

 

5.- Otorgue ante el Juzgado 37 de lo Penal del Distrito Federal, poder general para pleitos y cobranzas, con cláusula especial, a favor de el DOCTOR EN DERECHO ELÍAS POLANCO BRAGA, MAESTROS EN DERECHO ADRIAN POLANCO POLANCO Y JOSÉ GREGORIO VÁZQUEZ PÉREZ, en términos del párrafo tercero del artículo 264 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, en relación a los artículos 70 y 417 del ordenamiento legal citado, solicitando se fije fecha y hora para comparecer a ratificar el mandato otorgado en los términos de los artículos 2551, 2554, 2555, y 2585 del Código Civil para el Distrito Federal; así mismo con fundamento en los artículos 80 y 82 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, señale como domicilio para oír notificaciones y recibir todo tipo de documentos el ubicado en la calle de Guatemala, número 10, Despacho 210, “Pasaje Catedral”, Colonia Centro, México, Distrito Federal, expresando mi total inconformidad en que se me notifique por medio del Ministerio Publico.

 

6.- Mediante auto de 02 de Junio de 2011, la autoridad responsable con fundamento en los artículos 8, 14, 16, 17 y 20 apartado C, de la Constitución Federal, acuerda que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado por el que suscribe, es decir no se acuerda mi representación legal en el proceso, ni el domicilio para ori y recibir notificaciones y menos la base para la cuantificación.

 

7.- Inconforme con la resolución anterior, interpuse recurso de revocación, con fecha 03 de junio de 2011, mismo que fue tramitado y se resolvió que es improcedente el citado recurso.

 

VII.-  CONCEPTOS DE VIOLACIÓN:

 

PRIMERO.- Resolución que determina que es improcedente el recurso de revocación presentado por la suscrita, viola mis derechos fundamentales de debido proceso, e impartición de justicia, toda vez que la falta de observancia de los artículos 9 bis fracción XV, 70, 109 bis, 417, párrafo tercero del artículo 264 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, señalan expresamente la posibilidad que tiene la suscrita de nombrar un representante legal, toda vez que dicha facultad es uno de los derechos que integran la capacidad de goce de toda persona, motivo por el cual puedo válidamente autorizar a un tercero para que realice una actividad cuyos beneficios totales o parciales recaerán en la suscrita, es decir en el caso concreto si se me ha reconocido la personalidad de coadyuvante el procedimiento penal de origen, tengo la facultad plena de autorizar a un tercero a que realice las actividades de coadyuvante que me han sido conferidas, máxime que no son perito en la materia penal, esto es, el derecho a la representación, el cual se ve, en el poder general para pleitos y cobranzas, con cláusula especial, que otorgo, mediante escrito simple, que con fundamento en los artículos 2546, 2551, 2554, 2555, y 2585 del Código Civil para el Distrito Federal, que regulan el mandato como un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga.

 

Razón por la cual la autoridad responsable no puede desconocer el contrato presentado es decidir desconocer la personalidad de las personas que pido comparezcan a mi nombre, toda vez que dicha resolución que resuelve el recurso de revocación interpuesto por la suscrita, no se encuentra debidamente fundada y motivada, afecta ese derecho inherente a la persona, que es de carácter sustantivo, puesto que implica que una persona pueda actuar a través de otra, y como contraparte, que el que actúa frente al representante tenga la certeza de que la actuación de éste causará efecto válido en el patrimonio del representado.

 

Es decir no es válido el argumento pueril de la autoridad responsable en el sentido que el representante del coadyuvante lo es el Ministerio Público adscrito al juzgado, toda vez que como se desprende de los artículos artículos 9 bis fracción XV, 70, 109 bis, 417, párrafo tercero del artículo 264 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, el coadyuvante puede tener un representante legal y si bien es cierto el artículo 264 de la norma citada se refiere a la presentación de querellas y en el caso nos encontramos en la etapa de instrucción eso no quiere decir como lo razona la responsable que en esta etapa no sea posible que aparezca la representación porque si se lee los artículos señalados entre ellos el 70 indica de modo claro que la víctima o el ofendido o su representante pueden comparecer en la audiencia y alegar lo que a su derecho convenga, en las mismas condiciones que los defensores, situación que no me es permitida por la autoridad responsable, violando las norma de debido proceso, aunado a que el articulo 417 faculta al coadyuvante y a su representante a interponer recurso de apelación, de igual forma si se toma en cuenta lo signado por el artículo 319 del Código Penal para el Distrito Federal en su fracción VII, que señala que comete el delito como abogado patrono quien como representante de la víctima o el ofendido, se concrete a aceptar el cargo sin realizar gestiones, trámites o promociones relativas a su representación, es decir si el profesionista puede incurrir en responsabilidad penal es claro que pude ser representante en el procedimiento penal y no únicamente el Ministerio Público como de manera pueril afirma la responsable, razones por las cuales también se viola el artículo 20 constitucional, situaciones por las cuales si ya me fue reconocida la calidad de coadyuvante, al estar en pleno goce de mi capacidad legal puedo válidamente otorgar mandato a un tercero para que me represente dentro de del procedimiento penal en el cual actuó, razón por la cual la autoridad responsable viola un derecho de carácter sustantivo y el acuerdo que no es procedente la representación de mi persona, no afecta únicamente derechos adjetivos o procesales, puesto que la consecuencia es que se puedan generar beneficios o perjuicios al representado, sino en que es un acto dentro de juicio de ejecución irreparable, pues afecta el derecho sustantivo a la representación, sirve de apoyo la siguiente tesis jurisprudencial de aplicación obligatoria en términos del artículo 192 de la ley de amparo, por lo que su inobservancia me causa de igual forma agravio:

 

 

Novena Época

Registro: 184295

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo : XVII, Mayo de 2003

Materia(s): Civil

Tesis: I.3o.C. J/29

Página:  1141

 

PERSONALIDAD. LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE SIN ULTERIOR RECURSO DECIDE SOBRE SU RECONOCIMIENTO, NO SÓLO DERIVA DE QUE SEA UN PRESUPUESTO PROCESAL, SINO DE QUE AFECTA EL DERECHO SUSTANTIVO RELATIVO A LA REPRESENTACIÓN.

Uno de los derechos que integran la capacidad de goce de toda persona lo constituye la posibilidad de que un tercero realice una actividad cuyos beneficios totales o parciales recaerán en el titular del bien, esto es, el derecho a la representación, el cual puede verse plasmado, por ejemplo, en el artículo 2546 del Código Civil para el Distrito Federal, que regula el mandato como un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. Por ello, cuando un acto de autoridad decide sobre el reconocimiento o no de la representación que ostenta quien comparece en nombre de otro, afecta ese derecho inherente a la persona, que es de carácter sustantivo, puesto que implica que una persona pueda actuar a través de otra, y como contraparte, que el que actúa frente al representante tenga la certeza de que la actuación de éste causará efecto válido en el patrimonio del representado. De modo que el derecho a ser representado dentro de un juicio es de carácter sustantivo y la resolución judicial que decide sobre la representación que ostenta quien comparece a nombre de otro o de una persona jurídica, no afecta únicamente derechos adjetivos o procesales, puesto que la consecuencia es que se puedan generar beneficios o perjuicios al representado. Luego, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra la resolución que sin ulterior recurso decide sobre una cuestión de personalidad, debe fincarse no sólo en que se pronuncia sobre un presupuesto procesal, sino en que es un acto dentro de juicio de ejecución irreparable, pues afecta el derecho sustantivo a la representación.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

 

Amparo directo 2143/2002. Agrícola Industrial Arrocera San Lorenzo, S.A. de C.V. 20 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Óscar Rolando Ramos Rovelo.

 

Amparo directo 3343/2002. José Otto Freeman Weiser y otra. 4 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán.

 

Amparo directo 4883/2002. Felipe Enrique Borgaro Castillo y otra. 30 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Gabriel Regis López.

 

Amparo directo 2623/2002. Isabel Cruz Zorrilla. 6 de junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Hilario Salazar Zavaleta.

 

Amparo directo 10083/2002. Promotora de Infraestructura Mexicana, S.A. de C.V. 13 de noviembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: José Álvaro Vargas Ornelas, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Yaredh Cejudo Córdova.

Novena Época

Registro: 186204

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tesis Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo : XVI, Agosto de 2002

Materia(s): Penal

Tesis: I.9o.P.8 P

Página:  1337

 

OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO. TIENE LA CALIDAD DE PARTE EN EL PROCEDIMIENTO PENAL, A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL.

El ordinal 20, apartado B, de la Constitución General de la República, adicionado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de septiembre de dos mil, en vigor desde el veintiuno de marzo siguiente, consagra como garantías de la víctima u ofendido por algún delito, entre otras, el derecho a coadyuvar con el Ministerio Público y a que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda, con lo cual se le reconoció constitucionalmente el carácter de parte dentro del proceso penal mexicano; ello es así, dado que de la exposición de motivos (de veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y nueve) que sustenta la reforma, el legislador evaluó la necesidad de otorgar garantías a la víctima u ofendido del delito para ser considerado como parte dentro del procedimiento, con la facultad expresa de poder constituirse no sólo en coadyuvante del Ministerio Público dentro de la averiguación previa y del proceso penal, sino además para estar en aptitud de instruir los elementos de convicción que acrediten el cuerpo del delito, la responsabilidad del inculpado y la reparación del daño, en su caso, pudiendo incluso comparecer por sí o a través de su representante en todo acto procesal, a efecto de manifestar todo lo que a su derecho convenga; lo que sin duda lo coloca en una situación que le permite la defensa oportuna de sus intereses en cualquier estado del juicio, en razón de que se le deben recibir todos los datos o elementos de prueba con los que cuente y se deben practicar las diligencias correspondientes; inclusive, procesalmente está legitimado para la interposición de los recursos o medios de defensa que consagra la ley adjetiva de la materia y que sean necesarios para tal fin, sin que resulte una condición para ello que se le reconozca por parte del Juez como coadyuvante del Ministerio Público.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

 

Amparo directo 569/2002. 15 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Manuel Román Franco. Secretaria: Blanca Fuentes Sánchez.

 

 

SEGUNDO.- Me causa agravio la indebida fundamentación y motivación del acto reclamado, lo que se traduce en una violación al artículo 16 constitucional, en principio, debe mencionarse que en el párrafo primero del artículo 16 constitucional se consagra la garantía de legalidad cuyos requisitos deben respetar las autoridades frente a los gobernados, al emitir cualquier acto de molestia que incida en su esfera jurídica. Esa garantía de legalidad constituye la esencia del régimen jurídico de un estado de derecho, puesto que toda ley, procedimiento, resolución jurisdiccional, como todo acto de autoridad, deben ser expresión del derecho, en tanto que deben ser elaborados, emitidos o ejecutados por el órgano o los órganos competentes y en la esfera de sus respectivas atribuciones.

 

La exigencia de fundar en ley tiene como propósito que el gobernado tenga la posibilidad de atacar dichos fundamentos si éstos no fueren correctos, o bien, si no fueren acordes con la motivación citada, en otras palabras, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios.

 

Es menester señalar que, en el acto jurisdiccionl se deben invocar de manera precisa sus fundamentos, a efecto de que el gobernado esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta y esté en posibilidad de defenderse; porque no son los gobernados los que les dan origen, quienes invocan el derecho, sino que en la mayoría de los casos, es la autoridad judicial la que emite actos o resoluciones, lo que hace que la falta de cita de los preceptos legales aplicados genere un estado de incertidumbre en el gobernado, que lo puede afectar de tal modo, que le impida producir su defensa en forma oportuna.

 

De esta forma, si bien es cierto que la responsable dio respuesta a lo peticionado, de manera fundada puesto que señaló los fundamentos en los que se basaba para no acordar de conformidad la solicitud hecha, señalando únicamente los artículos 8, 14, 16, 17 y 20 apartado C de la Constitución Federal, así como 9 y 9 bis del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, pero la autoridad omitió motivar dichas peticiones, esto es, no manifestó por qué a su juicio era necesario no era posible acordar de conformidad la representación solicitada, pues debió expresar las razones por los cuales no era posible acordar de conformidad la petición hecha.

 

Así mismo, también se puede advertir que la autoridad señalada como responsable, no motivó de forma clara, el acto reclamado, pues evitó señalar en base a qué niega la representación solicitada, pues sólo manifestó que actualmente el procedimiento se encuentra en la etapa de instrucción, no expresando la razón de su dicho, mayor aún que fue acordado el mismo, por tanto, nada dijo del porque no es posible autorizar el mandato exhibido.

 

Ahora, se dice que el acto reclamado, resulta insuficientemente motivado, en razón de que la autoridad responsable, si bien expresa el fundamento o disposición legal que a su juicio es aplicable al caso concreto, también cierto es que no expresó las razones particulares que la condujeron a determinar que a su juicio, no era posible acordar de conformidad lo solicitado, limitándose a expresar los artículos que considera aplicables.

 

Sin embargo, la responsable se abstuvo de precisar los razonamientos lógicos jurídicos que le llevaron a tal conclusión, pues no expresó la adecuación de la norma en que se apoyó al caso concreto, pues pretendió motivar su actuación únicamente con la síntesis de los artículos señalados sin que explicara por qué dichos requisitos eran necesarios para dar la debida respuesta a sus peticiones.

 

Por ello, se concluye que el acto reclamado carece de motivación, ya que la responsable no expuso las razones del por qué tales requerimientos, ni expuso en forma concreta las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas del caso particular que encuadran en el marco general establecido en la ley y que consideró para arribar a la determinación reclamada, por lo que ésta quebranta la exigencia de motivación legal, sirve de apoyo la siguiente tesis:

 

“MOTIVACIÓN DEL ACTO RECLAMADO A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. PARA TENERLA POR SATISFECHA, NO BASTA EXPONER CUALQUIER CAUSA EN QUE SE APOYE, SINO QUE DEBE EXPRESARSE EL RAZONAMIENTO POR EL QUE SE CONCLUYE QUE SE AJUSTA A DETERMINADOS PRECEPTOS LEGALES. A fin de cumplir con la motivación a que se refiere el artículo 16 constitucional, no basta con exponer cualquier móvil o causa en que se apoye el acto de molestia, sino que es necesario que la autoridad exprese el razonamiento, contenido en el texto mismo del documento que contenga el mandamiento respectivo, según el cual quien lo emite llega a la conclusión de que el acto concreto al cual se dirige se ajusta exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales; es decir, motivar un acto es externar las consideraciones relativas a las circunstancias de hecho que formula la autoridad para establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. Luego entonces, cuando la autoridad administrativa responsable no razona en el acto reclamado cómo es que pudiera adecuarse a una determinada norma jurídica el hecho por el cual requiere al quejoso para que realice una conducta específica; resulta evidente que dicha autoridad no expuso la motivación exigida por el artículo 16 de la Constitución Federal.

 

 

TERCERO.- La resolución impugnada me causa agravio por no estudiar y tener en cuenta que existe una afectación directa en mi esfera jurídica por la viola en mi perjuicio lo tutelado por los artículo 14, 16 y 20 constitucionales, hecho por la autoridad responsable, en el sentido que se incumplen las formalidades esenciales del procedimiento, en virtud que la responsable, omite tener por autorizado domicilio para oír y recibir notificaciones, con lo cual se violenta de modo claro y flagrante lo señalado por los artículos 80 y 82 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, que a la letra dicen: Artículo 80.- Todas las resoluciones apelables deberán ser notificadas al Ministerio Público, al procesado, a la víctima u ofendido del delito, o al coadyuvante del Ministerio Público, en su caso, y al defensor o cualquiera de los defensores, si hubiere varios; Artículo 82.- Todas las personas que por algún motivo legal intervengan en un procedimiento penal, deberán designar, desde la primera diligencia en que intervengan, domicilio ubicado en el Distrito Federal, para que se les hagan las notificaciones, citaciones, requerimientos o emplazamientos que procedieren, e informar de los cambios de domicilio. Si no cumplieren con esta prevención, las notificaciones, citaciones, requerimientos o emplazamientos se tendrán por bien hechos, por publicación en lugar visible del tribunal o de la agencia del Ministerio Público, sin perjuicio de las medidas que éstos tomen para que pueda continuarse el procedimiento, de los artículos citados se desprende con claridad diáfana que el suscrito debe designar un domicilio para que se para que se le hagan las notificaciones, citaciones, requerimientos o emplazamientos que procedieren, toda vez que el mismo interviene por motivo legal en la tramitación del procedimiento natural, motivo por el cual la negativa de la autoridad responsable para autorizar el domicilio que señalo para oir y recibir notificaciones y señalar que las mismas se realizarán al suscrito por medio del Ministerio Publico adscrito a dicho juzgado se convierte en una seria violación a los numerales citados así como de los artículos 14, 16 y 20 Constitucionales, convirtiéndose en afectación a mis derechos, dado que incluso puede notificarme resoluciones apelables de manera ilegal, toda vez que el Ministerio Publico adscrito al Juzgado es parte procesal formal en el procedimiento, mientras que el suscrito es parte material en dicho procedimiento, con derechos y obligaciones propias, razón por la cual que no se me autorice el domicilio para ori y recibir notificaciones se convierte en una violación de imposible reparación, en mi perjuicio, con lo cual se transgrede mi garantía de debido proceso, audiencia y los consagrado en el artículo 20 constitucional por cuanto hace a la coadyuvancia al ministerio público, ya que si no se me tiene por autorizado domicilio para oír y recibir notificaciones existe una clara violacion a mi derecho a coadyuvar, ya que solamente se me reconoce el carácter de coadyuvante de modo formal, mas no material, es decir no se me permite ejercitar mis derechos tendientes a dicha personalidad, tal y como lo dispone el siguiente criterio jurisprudencial de observancia obligatoria de acuerdo al artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo:

 

Novena Época

Registro: 168074

Instancia: Primera Sala

Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo : XXIX, Enero de 2009

Materia(s): Penal

Tesis: 1a./J. 101/2008

Página:   378

 

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. CONTRA LA DETERMINACIÓN JURISDICCIONAL QUE NIEGA DECLARARLA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, SIN QUE SEA NECESARIO AGOTAR PREVIAMENTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.

Los artículos 107, fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 37 de la Ley de Amparo prevén una excepción al principio de definitividad al establecer que cuando en un juicio penal se violen las garantías contenidas en los artículos 16, 19 y 20 constitucionales, el agraviado podrá reclamar dicha violación ante el juez de distrito que corresponda o ante el superior del tribunal que la haya cometido. En ese sentido y en virtud de que la prescripción es una causa extintiva de la acción penal y, por tanto, se constituye en el derecho individual subjetivo a gozar de libertad absoluta, resulta evidente que contra la determinación jurisdiccional que niega declarar la prescripción de la acción penal procede el juicio de amparo indirecto, sin que sea necesario agotar previamente el principio aludido, pues independientemente de que la privación de la libertad personal del inculpado sea o no consecuencia directa del auto de formal prisión dictado en su contra en la causa penal que se le instruye o que esté en libertad bajo caución, la referida negativa afecta sus garantías, ya que si a pesar de actualizarse la extinción de la acción persecutoria se le somete a enfrentar un proceso de carácter penal, necesariamente se restringe el goce de su libertad absoluta; de ahí que sea innecesario agotar los recursos previstos en la ley ordinaria antes de acudir al juicio de garantías.

 

Contradicción de tesis 150/2007-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 10 de septiembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Arnoldo Castellanos Morfín.

 

Tesis de jurisprudencia 101/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de septiembre de dos mil ocho.

 

Octava Época

Registro: 209203

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Gaceta Núm. : 86, Febrero de 1995

Materia(s): Común

Tesis: II.1o.P.A. J/14

Página:    29

 

Genealogía:

Apéndice 1917-1995, Tomo II, Segunda Parte, Materia Penal, tesis 762, página 491.

 

VIOLACION PROCESAL. LA PRACTICA DE DILIGENCIAS EN FORMA DISTINTA A LA DETERMINADA POR LA LEY CONSTITUYEN UNA.

Conforme al artículo 160 de la Ley de Amparo, en los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte a las defensas del quejoso; fracción IV. Cuando el juez no actúe con secretario o testigo de asistencia, o cuando se practiquen las diligencias en forma distinta a lo estipulado por la ley; y fracción V. Cuando con el acto de la diligencia se le coarten los derechos otorgados por la ley. Ahora, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral en cita, debe considerarse que el juez tiene la obligación de hacer del conocimiento del imperante, el contenido de la fracción III del numeral 182 del Código adjetivo Penal del Estado; es decir, informarle que si confiesa espontáneamente o ratifica la confesión indagatoria o la formula posteriormente hasta antes de la sentencia, puede gozar del beneficio a que se refiere el artículo 60, párrafo segundo del Código sustantivo de la materia; por lo que si en declaración preparatoria el juez del conocimiento hizo saber al peticionario la causa de su detención, nombre del acusador, naturaleza de los delitos imputados y penas con que se castigan; la acción penal que ejercitaba el Ministerio Público en su contra, así como el derecho a obtener su libertad provisional bajo fianza y nombrar defensor o defensores por sí mismo; empero, omitió hacer de su conocimiento el derecho para ratificar su confesión inicial o verterla espontáneamente, con lo cual dejó de practicar la citada diligencia conforme al artículo 182, fracción III de la Ley Procesal Penal, violando las leyes del procedimiento. En esas condiciones, debe concederse el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados a efecto de que la Sala ordene reponer el procedimiento a partir de la declaración preparatoria, dejando nulo todo lo actuado con posterioridad y en una nueva declaración preparatoria, se haga del conocimiento del quejoso lo dispuesto en el citado precepto 182, fracción III del Código de Procedimientos Penales del Estado de México.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

 

Amparo directo 343/94. Eduardo Jiménez Reyes. 23 de septiembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Darío Carlos Contreras Reyes. Secretario: Guillermo Vázquez Martínez.

 

Amparo directo 668/94. Vicente López Rocha y otro. 20 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Pérez de la Fuente. Secretario: Marco Antonio Téllez Reyes.

 

Amparo directo 856/94. Eduardo González Mendiola. 20 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Pérez de la Fuente. Secretario: Bernardino Carmona León.

 

Amparo directo 888/94. Eduardo Peñaloza Contreras. 20 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Pérez de la Fuente. Secretario: Bernardino Carmona León.

 

Amparo directo 925/94. Miguel Angel Calleja Rebollo. 20 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Pérez de la Fuente. Secretario: Bernardino Carmona León.

 

Nota: El criterio contenido en esta tesis contendió en la contradicción de tesis 18/95, resuelta por la Primera Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 18/97, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, página 181, con el rubro: “CONFESIÓN. LA OMISIÓN DE HACER SABER LA PROBABLE REDUCCIÓN DE LA PENA, POR CONFESAR LOS HECHOS, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL QUE TRASCIENDA AL RESULTADO DEL FALLO Y AMERITE CONCEDER EL AMPARO.”

 

Por lo que la falta de atención a los preceptos referidos por parte de las responsables en cuestión, causa agravio de imposible reparación al suscrito, siendo loable concederle el amparo y protección de la justicia de la Unión.

 

Con fundamento en el artículo 150 de la Ley de Amparo aplicable, vengo a ofrecer las siguientes:

 

PRUEBAS

 

I.- La instrumental de actuaciones.- Consistente en todo lo actuado en la causa penal radicada con el número: 72/2011, ante JUZGADO 37 DE LO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL.

 

II.- La presuncional en su doble aspecto y en todo aquello que beneficie a mis intereses.

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado;

 

A USTED C. JUEZ DE DISTRITO, Atentamente pido se sirva:

 

 

PRIMERO.  Tenerme por presentada con la personalidad con que me ostento, demandado EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL contra los actos y las autoridades que han quedado debidamente precisadas en éste ocurso.

 

         SEGUNDO.  Con fundamento en el artículo 76 BIS de la Ley de Amparo, solicito se supla la deficiencia en la queja (conceptos de violación), que pudiera presentarse.

 

PROTESTO LO NECESARIO

NUEVAMENTE DEMOSTRANDO EL INTERÉS QUE SE TIENEN PARA LAS VICTIMAS EN ESTE PAÍS  EL JUEZ DE GARANTÍAS DECIDE SOBRESEER EL AMPARO PROMOVIDO BAJO EL SIGUIENTE ARGUMENTO:

“Sobre el particular, este juzgado federal advierte que en el caso, “se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la “fracción XVIII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación “con el 4º y 10º, del propio ordenamiento legal, los cuales “disponen (se transcriben). Pues bien, en términos del invocado “artículo 4 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional “únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la “ley o tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto “que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, o por sus “representantes, por su defensor si se trata de un acto que “corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o “persona extraña en los casos en que dicha ley lo permita “expresamente; en tanto que de conformidad con el artículo 10 de “la misma legislación, para la procedencia del juicio de amparo “promovido por la víctima o el ofendido en un procedimiento “penal, es necesario que los actos que se reclamen en el mismo, “sean dictados en un incidente de reparación del daño o de “responsabilidad civil, o contra actos surgidos en el procedimiento “penal que se relacionen en forma inmediata y directa con el “aseguramiento del objeto del delito o de los bienes que estén “afectos a la reparación o la responsabilidad civil. Se destaca que “del análisis de los autos que integran la causa penal **********“instruida contra ******************************, que se tramita en el Juzgado Trigésimo Séptimo Penal “de esta ciudad, la quejosa tiene el carácter de ofendida, “reconocida como coadyuvante del ministerio público, y el acto “reclamado respecto del cual solicita la protección constitucional “se hace consistir en que no hubo lugar a revocar el auto por el “cual no se proveyó de conformidad la designación a terceros “para actos de administración y poder general para pleitos y “cobranzas, así como que fuera notificada en el domicilio que “señaló para tal efecto. Sin embargo, en términos de las “disposiciones legales invocadas en párrafos precedentes y por “las razones que más adelante se precisarán, cabe indicar que “dicha accionante carece de legitimación para promover la “presente demanda. Al efecto, resulta pertinente destacar lo “dispuesto por el artículo 20 de la Constitución General de la “República, Apartado B, mismo que establece lo siguiente: (se transcribe). En ese orden, es claro que el ofendido por la comisión “de un delito, en el período de la averiguación previa y del “procedimiento penal tiene la facultad de aportar al ministerio “público o al juez, los elementos de prueba que estén a su “alcance, lo que le da el carácter de coadyuvante. Por tal “circunstancia, es que el ofendido no es parte en el proceso penal, “ya que este carácter lo ostenta el ministerio público al ser el “órgano persecutor de delitos, por lo que los actos que realice el “ofendido tendentes a encaminar la labor del ministerio público “hacia la comprobación de los hechos ilícitos, lo acreditan “tácitamente como coadyuvante en el procedimiento penal, lo que “significa ayudar para obtener la culpabilidad del acusado; sin “embargo, el ofendido, actuando como víctima, puede realizar “actos ante el propio ministerio público o juez instructor para “obtener el pago de la reparación del daño. En esas condiciones, “lo dispuesto en el artículo 20, Apartado B, de la Constitución “Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva a establecer que “los sujetos que conforme al artículo 4 de la Ley de Amparo, se “encuentran facultados para promover la acción constitucional en “este presupuesto, son los mismos que pueden hacerlo contra los “actos que tiendan a hacer nugatorios los derechos establecidos “por el precepto constitucional invocado, el cual otorga al “gobernado, ofendido o víctima de un delito determinadas “prerrogativas, a efecto de que no quede en completo estado de “incertidumbre e inseguridad jurídica con respecto a la “persecución de los presuntos delitos por él denunciados, y “asimismo, a efecto de que se haga efectiva en su favor, la “reparación del daño proveniente de la conducta ilícita perpetrada “en su contra. En otras palabras, en aquellos casos en que las “autoridades que conozcan de la averiguación previa o del “procedimiento penal respectivo afecten los derechos de los “ofendidos arriba precisados, a éstos les resulta un perjuicio; y por “tanto, les otorga legitimación para instar el juicio de garantías. “Por ende, es evidente que la promovente del amparo carece de “legitimación para promover la presente demanda, y ello genera “que se actualice la causal de improcedencia invocada, por no “encontrarse entre las prerrogativas consignadas en el Apartado “B, del artículo 20 constitucional.

 

Resulta aplicable a lo anterior, la “jurisprudencia… ‘REPARACIÓN DEL DAÑO. EL OFENDIDO O “LA VÍCTIMA DE ALGÚN DELITO ESTÁN LEGITIMADOS PARA “PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LAS “RESOLUCIONES JURISDICCIONALES QUE AFECTEN ESE “DERECHO, ÚNICAMENTE POR LO QUE A ESE ASPECTO SE “REFIERE Y SIEMPRE QUE CONTRA ÉSTAS NO PROCEDA “MEDIO ORDINARIO ALGUNO DE DEFENSA’ (se transcribe). “Además, el acto que la promovente reclama no se encuentra “comprendido en los supuestos a que se refiere el artículo 10 de “la Ley de Amparo, ya que en modo alguno deriva de un incidente “de reparación del daño o de responsabilidad civil proveniente de “la comisión de un delito, ni de actos surgidos en el procedimiento “penal que se relacionan en forma inmediata y directa con el “aseguramiento del objeto del delito ni de los bienes que estén “afectos a la reparación o la responsabilidad civil, ni se trata de “una resolución del ministerio público que confirme el no ejercicio “o desistimiento de la acción penal, en términos del cuarto párrafo “del artículo 21 constitucional; y por tanto, se reitera, la impetrante “carece de legitimación para instar el presente juicio de amparo.

 

“Por tales motivos, al no encuadrar el acto reclamado en alguno “de los supuestos descritos en la presente resolución y al “actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, “fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los “numerales 4 y 10 del propio ordenamiento legal, es procedente “decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de “conformidad con el artículo 74, fracción III, de la ley de la “materia”

ANTE ESTA NUEVA VIOLACIÓN DE GARANTÍAS TUVE QUE INTERPONER RECURSO DE REVOCACIÓN, DE LOS SIGUIENTES AGRAVIOS:

“PRIMERO. La resolución impugnada me causa agravio, “toda vez que el juzgado de amparo realizando una incorrecta “interpretación y aplicación de los artículos 4 y 10 de la Ley de “Amparo así como del artículo 20 constitucional, declara que se “sobresee el amparo promovido por la suscrita bajo el argumento “que la misma no tiene la facultad para impugnar el acto “reclamado, situación por demás alegada (sic) del marco “normativo por las siguientes razones: En primer lugar el órgano “resolutor, señala que la suscrita no es parte en el procedimiento “penal, situación por demás alejada de la realidad, toda vez que la “doctrina y los tribunales federales han establecido sendos “criterios en el sentido de que el coadyuvante es parte en el “procedimiento penal, esto en virtud de la reforma constitucional al “artículo 20, Apartado B, en vigor desde el 21 de marzo, por lo “tanto la incorrecta interpretación de los artículos 4 y 10, de la Ley “de Amparo, así como el 20 constitucional, me causa agravio, “aunado a que los siguientes criterios señalan expresamente la “legitimidad de la suscrita para interponer (sic) el amparo de “mérito: ‘QUERELLA NECESARIA, PODER SUFICIENTE PARA “FORMULAR LA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO Y “TERRITORIOS FEDERALES)’ y ‘OFENDIDO O VÍCTIMA DEL “DELITO. TIENE LA CALIDAD DE PARTE EN EL “PROCEDIMIENTO PENAL, A PARTIR DE LA REFORMA AL “ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL DEL VEINTIUNO DE “SEPTIEMBRE DE DOS MIL’ (se transcriben). En segundo lugar “se debe tener en cuenta que la suscrita cuenta con legitimidad “para impugnar el acto reclamado ya que el mismo afecta a un “derecho sustantivo como lo es la representación en el proceso “que no me es aceptado de modo arbitrario por la autoridad “responsable, y sin embargo la autoridad de amparo considera “que no puede impugnar dicha determinación, por no ser una de “las resoluciones señaladas en los numerales en los que funda, es “decir de las que atañen a la reparación del daño, pero debe de “tenerse en cuenta que si no se me admite la representación en el “procedimiento penal, se me está afectando de modo directo un “derecho sustantivo, y asimismo mi adecuada defensa, ya que la “suscrita no es perito en la materia, motivo por el cual la autoridad “mediante un mandato a diversas personas, y además señaló un

“domicilio para oír y recibir notificaciones, con lo cual existe una “afectación directa en mi esfera jurídica por la viola (sic) en mi “perjuicio lo tutelado por los artículos 14, 16 y 20 constitucionales, “hecho por la autoridad responsable, en el sentido que se “incumplen las formalidades esenciales del procedimiento, en “virtud que la responsable, omite tener por autorizado el domicilio “para oír y recibir notificaciones, con lo cual se violenta de modo “claro y flagrante lo señalado por los artículos 80 y 82 del Código “de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que a la letra “dicen: (se transcriben), de los artículos citados se desprende con “claridad diáfana que la suscrita debe designar un domicilio para “que se le hagan las notificaciones, citaciones, requerimientos o “emplazamientos que procedieren, toda vez que el mismo “interviene por motivo legal en la tramitación del procedimiento “natural, motivo por el cual la negativa de la autoridad responsable “para autorizar el domicilio que señalo para oír y recibir “notificaciones y señalar que las mismas se realizarán a la “suscrita por medio del ministerio público adscrito a dicho juzgado “se convierte en una seria violación a los numerales citados así “como de los artículos 14, 16 y 20 constitucionales, convirtiéndose “en afectación a mis derechos, dado que incluso puede “notificarme resoluciones apelables de manera ilegal, toda vez “que el ministerio público adscrito al juzgado es parte procesal “formal en el procedimiento, mientras que la suscrita es parte “material en dicho procedimiento, con derechos y obligaciones “propias, razón por la cual que no se me autorice el domicilio para “oír y recibir notificaciones se convierte en una violación de “imposible reparación en mi perjuicio, con lo cual se transgrede mi “garantía de debido proceso, audiencia y lo consagrado en el “artículo 20 constitucional por cuanto hace a la coadyuvancia del “ministerio público, ya que si no se me tiene por autorizado “domicilio para oír y recibir notificaciones existe una clara violación “a mi derecho a coadyuvar, ya que solamente se me reconoce el “carácter de coadyuvante de modo formal, más no material, es “decir no se me permite ejercitar mis derechos tendentes a dicha “personalidad, ya que el juzgador de modo arbitrario pretende (sic) la autoridad responsable, y situación que no observa el “juzgado de Distrito, ya que existe clara violación a la Constitución “y propiamente al artículo 20 constitucional, que faculta la “coadyuvancia, por lo cual estos actos sí tienen relación directa “con los actos que puedo impugnar con referencia a la reparación “del daño, pero si no tengo representación y menos autorizado “domicilio para oír y recibir notificaciones, se me deja en completo “estado de indefensión, y si resulta acertado el razonamiento “planteado por la autoridad de amparo en el sentido que carezco “de legitimidad para impugnar el acto reclamado que afecta de “modo directo mis derechos fundamentales, la pregunta sería si la “suscrita no es parte en el proceso, y no tiene derecho a “representación, ni tampoco a señalar domicilio para oír y recibir “notificaciones, entonces ¿qué función tiene en el procedimiento “penal? La respuesta para la autoridad de amparo es clara, “ninguna, es sólo un estorbo para la administración de justicia, “dicho argumento es falaz además que contraviene lo dispuesto “en los siguientes criterios jurisprudenciales de observancia “obligatoria de acuerdo al artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo: “‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. CONTRA LA “DETERMINACIÓN JURISDICCIONAL QUE NIEGA “DECLARARLA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, SIN QUE “SEA NECESARIO AGOTAR PREVIAMENTE EL PRINCIPIO DE “DEFINITIVIDAD’ y ‘VIOLACIÓN PROCESAL. LA PRÁCTICA DE “DILIGENCIAS EN FORMA DISTINTA A LA DETERMINADA POR “LA LEY CONSTITUYEN UNA’ (se transcriben). De las “jurisprudencias transcritas se aprecia que existen violaciones “procesales que trascienden en los derechos sustantivos y “pueden válidamente ser impugnadas mediante el amparo “indirecto, consagrado en jurisprudencias que la autoridad que “emite la sentencia impugnada pasa por alto lo cual es violatorio “de garantías, ya que el no tener por autorizado domicilio para oír “y recibir notificaciones es sin lugar a dudas una violación “procesal que trasciende al resultado del proceso, ya que se “violenta mi garantía de audiencia de modo irreparable, ya que no “se me notificarán de modo personal las resoluciones que “expresamente mandata la ley que deben de realizarse de ese “modo, por lo cual, se demuestra de modo claro que la suscrita “cuenta con legitimidad para impugnar dichas resoluciones y no “existe causal de improcedencia alguna y menos la XVIII del “artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que la autoridad de amparo “no justifica dicha causa de improcedencia que resulte de alguna “disposición de la ley como lo son los artículos 4 y 10 de la Ley de “Amparo.

 

 

SEGUNDO. La resolución combatida me causa agravio “en el sentido que la autoridad recurrida señala que la suscrita “carece de legitimidad, motivo por la cual procede decretar el “sobreseimiento del amparo promovido, con fundamento en el “artículo 73, fracción XVIII, concatenado con el artículo 74, “fracción III, ambos de la Ley de Amparo, situación que en primer “lugar debió de analizarse desde el momento que se admitió la “demanda de garantías ya que el estudio de la legitimidad para “interponer el proceso de garantías, es un presupuesto procesal “para el proceso de amparo, situación que no fue hecha sino que “por el contrario dicha demanda de garantías se admitió y se “substanció de acuerdo con la ley de la materia, y debe tenerse en “claro que en el caso concreto la legitimidad de la suscrita se “encuentra plenamente demostrada. La sentencia recurrida viola “en mi perjuicio mis derechos fundamentales, al considerar que en “el caso concreto debe de sobreseerse el caso concreto, por no “tener legitimidad, situación por demás ridícula, con la cual el “juzgador de amparo demuestra un total desapego por la “Constitución y los criterios jurisprudenciales dictados por “nuestros máximos tribunales federales, toda vez que existen “reiterados criterios jurisprudenciales por contradicción de tesis “que señalan de modo claro la procedencia del amparo indirecto, “en contra de la resolución que sin ulterior recurso decide sobre “su reconocimiento, toda vez que dicho acto constituye una “afectación a mi derecho a ser representada dentro de un “proceso, es decir un derecho sustantivo, razón por la cual, no “afecta únicamente derechos adjetivos o procesales, sino que es “un acto dentro del juicio de ejecución irreparable, pues afecta el “derecho sustantivo a la representación, por lo que la falta de “observancia de los siguientes criterios jurisprudenciales “constituye en una violación flagrante a los artículos 192 y 193 de “la Ley de Amparo, numerales que señalan de modo claro que las “siguientes jurisprudencias son de observancia obligatoria para los “juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados, por lo que la “falta de observancia y aplicación de las mismas se traduce en “agravio para la suscrita: ‘PERSONALIDAD. LA PROCEDENCIA “DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE SIN ULTERIOR RECURSO DECIDE “SOBRE SU RECONOCIMIENTO, NO SÓLO DERIVA DE QUE “SEA UN PRESUPUESTO PROCESAL, SINO DE QUE AFECTA “EL DERECHO SUSTANTIVO RELATIVO A LA “REPRESENTACIÓN’ (se transcribe).

 

Resulta claro que la “sentencia impugnada, viola mis derechos fundamentales de “debido proceso, e impartición de justicia, al no valorar que el acto “impugnado deja de observar los artículos 9 bis, fracción XV, 70, “109 bis, 417, párrafo tercero del artículo 264, del Código de “Procedimientos Penales para el Distrito Federal, de lo cual se “desprende claramente mi legitimidad, ya que dichos numerales, “señalan expresamente la posibilidad que tiene la suscrita de “nombrar un representante legal, ya que dicha facultad es uno de “los derechos que integran la capacidad de goce de toda persona, “motivo por el cual puedo válidamente autorizar a un tercero para “que realice una actividad cuyos beneficios totales o parciales “recaerán en la suscrita, es decir en el caso concreto si se me ha “reconocido la personalidad de coadyuvante en el procedimiento “penal de origen, tengo la facultad plena de autorizar a un tercero “a que realice las actividades de coadyuvante que me han sido “conferidas, máxime que no soy perito en la materia penal, esto “es, el derecho a la representación, el cual se ve, en el poder “general para pleitos y cobranzas, con cláusula especial, que “otorgo mediante escrito simple, que con fundamento en los “artículos 2546, 2551, 2554, 2555 y 2585 del Código Civil para el “Distrito Federal, que regulan el mandato como un contrato por el “que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante “los actos jurídicos que éste le encarga. Es por ello que el acto “reclamado no puede desconocer el contrato presentado, es “decidir desconocer la personalidad de las personas que pido “comparezcan a mi nombre, es por ello que mi legitimación resulta “clara para impugnar el acto reclamado, ya que el mismo no se “encuentra debidamente fundado y motivado, afecta ese derecho “inherente a la persona, que es de carácter sustantivo, puesto que “implica que una persona pueda actuar a través de otra, y como “contraparte, que el que actúa frente al representante tenga la “certeza de que la actuación de éste, causará efecto válido en el “patrimonio del representado. Toda vez que como se desprende “de los artículos 9 bis, fracción XV, 70, 109 bis, 417, párrafo “tercero del artículo 264, del Código de Procedimientos Penales “para el Distrito Federal, el coadyuvante puede tener un “representante legal y si bien es cierto el artículo 264 de la norma “citada se refiere a la presentación de querellas y en el caso nos “encontramos en la etapa de instrucción, eso no quiere decir “como lo razona la responsable que en esta etapa no sea posible “que aparezca la representación porque si se lee los artículos “señalados entre ellos el 70 indica de modo claro que la víctima o “el ofendido o su representante pueden comparecer en la “audiencia y alegar lo que a su derecho convenga, en las mismas “condiciones que los defensores, situación que no me es “permitida por la autoridad responsable, violando las normas de “debido proceso, aunado a que el artículo 417 faculta al “coadyuvante y a su representante a interponer recurso de “apelación, de igual forma si se toma en cuenta lo signado por el “artículo 319 del Código Penal para el Distrito Federal en su “fracción VII, que señala que comete el delito como abogado “patrono quien como representante de la víctima o el ofendido, se “concrete a aceptar el cargo sin realizar gestiones, trámites o “promociones relativas a su representación, es decir si el “profesionista puede incurrir en responsabilidad penal es claro que “puede ser representante en el procedimiento penal, por lo que no “es válido el argumento de la resolución que se impugna en el “sentido que el acto reclamado no puede ser impugnado por la “suscrita por no tratarse de un acto que afecte a la reparación del “daño y por no ser parte en el procedimiento penal, toda vez que “como se ha manifestado el acto reclamado constituye una “afectación directa a mi derecho sustantivo, dentro de un juicio de “imposible reparación. La autoridad recurrida, viola de modo claro “los derechos sustantivos y fundamentales y el debido proceso, “razones por las cuales si ya me fue reconocida la calidad de “coadyuvante, al estar en pleno goce de mi capacidad legal puedo “válidamente otorgar mandato a un tercero para que me “represente dentro del procedimiento penal en el cual actúo, razón “por la cual la autoridad responsable viola un derecho de carácter “sustantivo, y el acuerdo que no es procedente la representación “de mi persona, no afecta únicamente derechos adjetivos o “procesales, puesto que la consecuencia es que se puedan “generar beneficios o perjuicios al representado, sino en que es “un acto dentro del juicio de ejecución irreparable, pues afecta el “derecho sustantivo a la representación, y por lo tanto se acredita “de modo claro la legitimidad de la suscrita, tal y como lo “demuestran las siguientes jurisprudencias que no son “observadas por la autoridad responsable, violando de igual modo “los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo: ‘AMPARO “INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO “DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE “CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA’, “‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE “DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, “PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO’ y ‘PERSONALIDAD. SON “INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE EN EL “AMPARO DIRECTO PRETENDEN CUESTIONARLA’ (se transcriben). De las jurisprudencias transcritas se aprecia que la “demanda de amparo que interpuso la suscrita es procedente de “conformidad al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, por “tratarse de actos de tienen sobre mi persona, y de una ejecución “de imposible reparación, por lo que la falta de observancia y “aplicación de los criterios indicados me causa agravio, ya que no “se debió de sobreseer mi demanda de garantías por ningún “motivo.

 

TERCERO. De igual modo existe interés jurídico de la “suscrita para impugnar mediante demanda de garantías la “resolución por no estar debidamente fundada y motivada ya que “ello se convierte en una violación directa a la Constitución, es “decir no se puede determinar que no procede autorizar a mi “representante y tener por autorizado domicilio para oír y recibir “notificaciones, pues debe señalar cuáles son los elementos que “la llevaron a esa afirmación. Es decir la autoridad responsable, “sin fundar ni motivar su actuar, señala que son improcedentes “mis peticiones. Como es sabido al emitir cualquier acto de “molestia que incida en su esfera jurídica se debe de respetar la “garantía de legalidad, constituye la esencia del régimen jurídico “de un estado de derecho, puesto que toda ley, procedimiento, “resolución jurisdiccional o administrativa, la exigencia de fundar “en ley tiene como propósito que el gobernado tenga la posibilidad “de atacar dichos fundamentos si éstos no fueren correctos, o “bien, si no fueren acordes con la motivación citada, en otras “palabras, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios. Se puede “advertir que la autoridad señalada como responsable, no motivó “de forma clara, la respuesta dada mediante resolución señalada “como acto reclamado, a efecto de que no son procedentes mis “peticiones, no expresando la razón de su dicho, por tanto, el “párrafo primero del artículo 16 constitucional consagra la garantía “de legalidad cuyos requisitos deben respetar las autoridades “frente a los gobernados, al emitir cualquier acto de molestia que “incida en su esfera jurídica. Esa garantía de legalidad constituye “la esencia del régimen jurídico de un estado de derecho, puesto “que toda ley, procedimiento, resolución jurisdiccional, como todo “acto de autoridad, deben ser expresión del derecho, en tanto que “deben ser elaborados, emitidos o ejecutados por el órgano o los “órganos competentes y en la esfera de sus respectivas “atribuciones. La exigencia de fundar en ley tiene como propósito “que el gobernado tenga la posibilidad de atacar dichos “fundamentos si éstos no fueren correctos, o bien, si no fueren “acordes con la motivación citada, en otras palabras, tiende a “evitar la emisión de actos arbitrarios. Es menester señalar que, “en el acto jurisdiccional se deben invocar de manera precisa sus “fundamentos, a efecto de que el gobernado esté en posibilidad “de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta y esté en “posibilidad de defenderse; porque no son los gobernados los que “les dan origen, quienes invocan el derecho, sino que en la “mayoría de los casos, es la autoridad judicial la que emite actos o “resoluciones, lo que hace que la falta de cita de los preceptos “legales aplicados genere un estado de incertidumbre en el “gobernado, que lo puede afectar de tal modo, que le impida “producir su defensa en forma oportuna. De esta forma, si bien es “cierto que la responsable dio respuesta a lo peticionado de “manera fundada, puesto que señaló los fundamentos en los que “se basaba para no acordar de conformidad la solicitud hecha, “señalando únicamente los artículos 8, 14, 16, 17 y 20, Apartado “C, de la Constitución Federal, así como 9 y 9 bis del Código de “Procedimientos Penales para el Distrito Federal, pero la “autoridad omitió motivar dichas peticiones, esto es, no manifestó “por qué a su juicio era necesario (sic) no era posible acordar de “conformidad la representación solicitada, pues debió expresar las “razones por las cuales no era posible acordar de conformidad la “petición hecha.

 

Asimismo, también se puede advertir que la “autoridad señalada como responsable, no motivó de forma clara, “el acto reclamado, pues evitó señalar en base a qué niega la “representación solicitada, pues sólo manifestó que actualmente “el procedimiento se encuentra en la etapa de instrucción, no “expresando la razón de su dicho, mayor aún que fue acordado el “mismo, por tanto, nada dijo del por qué no es posible autorizar el “mandato exhibido. Ahora, se dice que el acto reclamado, resulta “insuficientemente motivado, en razón de que la autoridad “responsable, si bien expresa el fundamento o disposición legal “que a su juicio es aplicable al caso concreto, también cierto es “que no expresó las razones particulares que la condujeron a “determinar que a su juicio, no era posible acordar de conformidad “lo solicitado, limitándose a expresar los artículos que considera “aplicables. Sin embargo, la responsable se abstuvo de precisar “los razonamientos lógicos jurídicos que le llevaron a tal “conclusión, pues no expresó la adecuación de la norma en que “se apoyó al caso concreto, pues pretendió motivar su actuación “únicamente con la síntesis de los artículos señalados sin que “explicara por qué dichos requisitos eran necesarios para dar la “debida respuesta a sus peticiones. Por ello, se concluye que el “acto reclamado carece de motivación, ya que la responsable no “expuso las razones del por qué tales requerimientos, ni expuso “en forma concreta las circunstancias especiales, razones “particulares o causas inmediatas del caso particular que “encuadran en el marco general establecido en la ley y que “consideró para arribar a la determinación reclamada, por lo que “ésta quebranta la exigencia de motivación legal, sirve de apoyo la “siguiente tesis… ‘MOTIVACIÓN DEL ACTO RECLAMADO A “UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. PARA TENERLA POR “SATISFECHA, NO BASTA EXPONER CUALQUIER CAUSA EN “QUE SE APOYE, SINO QUE DEBE EXPRESARSE EL “RAZONAMIENTO POR EL QUE SE CONCLUYE QUE SE “AJUSTA A DETERMINADOS PRECEPTOS LEGALES’ (se transcribe).

 

De la jurisprudencia transcrita se aprecia que existen “violaciones procesales que trascienden en los derechos “sustantivos y pueden válidamente ser impugnadas mediante el “amparo indirecto por ser actos de imposible reparación para la “suscrita, y violaciones directas a la Constitución, por lo cual “resulta clara mi legitimidad para impugnar el acto reclamado, de “lo contrario la suscrita no tiene garantías constitucionales, “consagradas en jurisprudencias que la autoridad que emite la “sentencia impugnada pasa por alto, lo cual es violatorio de “garantías, ya que el no tener por autorizado domicilio para oír y “recibir notificaciones es sin lugar a dudas una violación procesal “que trasciende al resultado del proceso, ya que se violenta mi “garantía de audiencia de modo irreparable, ya que no se me “notificarán de modo personal las resoluciones que expresamente “mandata la ley que deben de realizarse de ese modo. Por lo que “la falta de aplicación de este artículo (sic) y las jurisprudencias “referidas por parte del juzgador de Distrito, causa agravio en mis “derechos fundamentales” 

POR FIN DESPUÉS DE ESTE TORTUOSO CAMINO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ME CONCEDIÓ EL AMPARO, EN ESENCIA POR LO SIGUIENTE:

Del análisis integral de la demanda, deriva la reiterada afirmación de la amparista tocante a la inobservancia de los artículos 9 bis, fracción XV, 70, 109 bis, 264, párrafo tercero, y 417 del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, los cuales señalan la posibilidad a designar un representante legal; facultad vinculada a la capacidad de una persona para que un tercero realice a su nombre diversos actos, pues al reconocer su personalidad de coadyuvante tiene plena facultad de autorizar a un tercero para esa actividad; y si bien el penúltimo numeral se refiere a la presentación de querellas, en la instrucción no quiere decir que no valga la posibilidad de que “aparezca la “representación”.

 

Resulta sustancialmente fundado el sintetizado concepto de violación y suficiente para conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, lo que torna innecesario atender los restantes, pues de ello no le derivaría mayor beneficio que el obtenido. Al respecto es aplicable, por similitud jurídica sustancial, la jurisprudencia 3/2005 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XXI, febrero de dos mil cinco, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. “EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN “DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, “PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE “RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO “POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A “CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De acuerdo con la técnica “para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de “los Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la “materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación “que determinen su concesión debe atender al principio de mayor “beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten “fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive “los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, “deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control “constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los “conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el “quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se “pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, “segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados “Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el “acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, “esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento “de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente “aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para “el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final “deberá ser declarado inconstitucional”. Asimismo, la jurisprudencia 7 del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que este órgano constitucional comparte, publicada en la página 86, Tomo VII, abril de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO “ES INNECESARIO. Si al considerarse fundado un concepto de “violación ello trae como consecuencia la concesión del amparo, “es innecesario analizar los restantes, ya que cualquiera que fuera “el resultado de ese estudio, en nada variaría el sentido de la “sentencia”.

 

Los artículos 14, párrafo segundo, 20, Apartado B, fracciones I, II y IV, y 21, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puntualizan: “Artículo 14.- (…) “Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de “sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio “seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que “se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y “conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. (…)”

 

“Artículo 20.- En todo proceso de orden penal, el “inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes “garantías: “(…)

” B De la víctima o el ofendido:

“I.- Recibir asesoría jurídica; ser informado de los “derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo “solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;

 

” II.- Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le “reciban todos los datos o elementos de prueba con los que “cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a “que se desahoguen las diligencias correspondientes.

 

“Cuando el Ministerio Público considere que no es “necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar “su negativa.

“(…)

“IV.- Que se le repare el daño. En los casos en que sea “procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la “reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al “sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia “condenatoria “La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las “sentencias en materia de reparación del daño”.

 

“Artículo 21.- La imposición de las penas es propia y “exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución “de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará “con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. “Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones “por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, “las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por “treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se “le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto “correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y “seis horas.

“(…)”.

 

De la interpretación sistemática de las normas de orden constitucional transcritas deriva derecho con jerarquía de garantía individual de la víctima u ofendido en la comisión de un hecho delictuoso, de coadyuvar con la representación social tanto en la indagatoria como en el proceso para que se le reciban y desahoguen las pruebas con que cuente, claro está, siempre que ello resulte procedente conforme a derecho, en tanto dicha garantía en modo alguno debe sobreponerse a la diversa establecida en el artículo 14 Constitucional atinente a que todo órgano de autoridad debe atender y apegarse a las formalidades y lineamientos establecidos en la ley, vale decir, al principio de legalidad por el que se determina que en todo proceso del orden penal deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento que marcan las leyes respectivas; por tanto, la coadyuvancia referida no debe entenderse con el alcance de sustituir al representante social en su facultad exclusiva de investigación y persecución del delito en términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

A su vez, la legislación adjetiva penal acorde y congruente al mandato constitucional, reconoce el derecho de la víctima u ofendido para ofrecimiento probatorio tendente a acreditar el delito, la responsabilidad penal del inculpado y la procedencia y monto de la reparación del daño; esto es, la norma secundaria a fin de preservar la facultad persecutora del ministerio público en la acreditación del delito y del delincuente, excluye la posibilidad de que el coadyuvante desborde su actividad a cuestiones no permitidas, sin embargo, no es factible limitar la posibilidad de que sea representado legalmente por persona idónea, tan es así que se reconoce a su favor la garantía a recibir asesoría jurídica pertinente, lo que no puede soslayarse en la instrucción de la causa ya que inexiste precepto legal alguno que lo prohíba y menos bajo el argumento de que ya se inició con el desahogo de pruebas, como tampoco resultaría factible que la coadyuvante a la vez pretenda designar diversos “coadyuvantes” pues ello implicaría la deformación legal de la figura de la coadyuvancia al invertirse los términos y tenerse al representante social como mero ayudante del ofendido, o en su caso que éste pudiera delegar su actividad a otros con la misma personalidad.

 

En el caso, es manifiesto que en la causa iniciada al inculpado tercero perjudicado, previa solicitud de la aquí quejosa revisionista, en auto de dos de junio último, de manera expresa se le reconoció el carácter de coadyuvante, empero, se denegó su petición para designar representantes legales, bajo el argumento de que el “poder” otorgado, en el numeral 264 del Código de Procedimientos Penales, prevé las personas legitimadas para formular una  querella, lo que incluso puede suceder por medio de un poder, requisito de procedibilidad que en el caso ya se surtió al prosperar la propuesta de ejercicio de la acción penal e instaurar el proceso; amén de que “actualmente nos encontramos en etapa “de instrucción, pendiente por desahogarse diversas probanzas “ofrecidas y admitidas a las partes dentro del término que la ley “otorga para el caso”; máxime que se atenderá lo previsto en los artículos 9 y 9 bis del código procesal de la materia, en cuanto a la actividad del ministerio público y salvaguardar los derechos que la ley consagra a favor de los denunciantes, querellantes, víctimas u ofendidos por la comisión de un delito. Adicionalmente, se puntualizó que resultaba “improcedente” tener como domicilio para oír notificaciones y recibir documentos, pues en todo caso, las notificaciones de las solicitudes formuladas se efectuarán a través del representante social.

 

Por disentir con tal determinación, la referida promovente interpuso recurso de revocación, mismo que el A quo responsable resolvió de plano en auto de ocho de junio, al concluir que “no es “de revocarse y no se revoca el auto de…dos…de junio del año “en curso, quedando subsistente en todas y cada una de sus “partes, por encontrarse ajustado a derecho”, a cuyo tenor, en esencia refirió que al reconocer a la promovente la calidad de coadyuvante, está en condiciones “de contribuir” en la integración de la averiguación y desarrollo del proceso, “a comprobar ante el “ministerio público” para poner a disposición todos los datos conducentes para acreditar el cuerpo del delito, la responsabilidad del inculpado y el monto del daño, de su reparación, que integre datos a la averiguación, así como accesar al expediente para informarse sobre el estado y avance de la indagatoria, entre otras cosas, “…sin realizar una aseveración temeraria, como se ha “señalado en ocasión anterior, es claro que –sin conceder- que en “el supuesto de que en la causa que nos ocupa, se condenara al “procesado al pago de la reparación del daño, basta con que se “apersonen en el local del juzgado la víctima u ofendido o a falta “de éstos sus dependientes económicos, herederos o “derechohabientes a reclamar el pago del citado concepto, es “decir, de la simple lectura del escrito que se provee se observa “que, lo que pretende la coadyuvante es, de manera alguna, “designar representantes, con ello pretende la satisfacción de la “reparación del daño, no obstante lo anterior, este juzgador, al “respecto, atenderá lo preceptuado en los numerales 9° y 9° bis “del Código de Procedimientos Penales en cuanto a la actividad “del ministerio público y salvaguardar los derechos que la ley “consagra a favor de los denunciantes, querellantes y las víctimas “u ofendidos por la comisión de un delito en el proceso”. También se reiteró que al contar con la calidad de coadyuvante, prevalecen todas y cada una de las facultades y derechos que la ley prevé pero sin posibilidad de designar a terceros para actos de representación, en tanto que el poder general para pleitos y cobranzas referido se “otorgará exclusivamente a las personas “morales y en el caso de las personas físicas únicamente para “satisfacer el requisito de procedibilidad (denuncia o querella); tal “y como lo prevé la ley que rige el procedimiento, por lo que al no “resultar procedente admitir la representación que pretende es “inatendible que se les tenga como domicilio para oír y recibir “notificaciones el que proporcionan en su escrito”.

 

Sin embargo, como se hace valer en los conceptos de violación tal proceder transgrede las garantías de adecuada representación de quien se reconoció expresamente su carácter de coadyuvante en la causa origen del acto reclamado, precisamente porque se constituye y subyace a su favor por disposición expresa de la fracción I del Apartado B del artículo 20 Constitucional, el derecho con jerarquía de garantía individual de recibir asesoría jurídica, lo que evidentemente implica la posibilidad de designar representante legal que en su caso actúe en su nombre, claro está sin llegar a sustituir o pretender actuar en forma independiente del ministerio público en tanto titular de la acción penal.

 

Por las razones expuestas y sin mayor abundamiento, procede revocar la sentencia sujeta a revisión y conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, para efecto de que el juez responsable deje insubsistente su resolución de ocho de junio último y ante la premisa de que la aquí quejosa, con su reconocido carácter de coadyuvante está en posibilidad legal de designar representantes legales, así como domicilio para oír y recibir notificaciones, se tenga por designados a ******************************, como sus representantes legales, así como señalado el domicilio que precisó para la recepción de notificaciones, con lo cual resuelva el recurso de revocación interpuesto contra el auto de dos del mismo mes y año.

LES DEJO LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO ESPERO USEN LOS ARGUMENTOS, PARA QUE ENTRE NOSOTROS DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS, YA QUE LAS AUTORIDADES NO QUIEREN HACERLO.

SENT. REVISION COADYUVANTE

 

 

 

 

 

7 pensamientos en “(FORMATOS DE ) AMPARO CONTRA LA NEGATIVA DE REPRESENTACIÓN DEL COADYUVANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL PROCESO PENAL.

  1. profesor, hace mucho que no tenemos noticias nuevas, este sitio realmente me gusta mucho, sobre todo por las opiniones aqui veridas, quisiera saber si puede publicar un punto de vista personal acerca de las propuestas de reforma en el ámbito Fiscal, muchisimas gracias.

    • Muchas gracias por estar al pendiente, no he podido publicar nada en un tiempo por cuestiones de trabajo, pero es un compromiso que me voy a poner al corriente, por otro lado la reforma fiscal no la he analizado de modo debido en cuento lo haga estaré comentando.

  2. he leido las reformas, pero personalmente considero que hay algunas partes oscuras en lña redacción de las mismas, por lo que me gustaría aclarar esas dudas.

    Cambiando de tema, el otro día recordé algunas recomendaciones de libros que nos proporcionó en el transcurso del semestre, podría publicas algunas recomendaciones para nuestra formación profesional.

    le reitero mis saludos y le felicito por su sitio, gracias !!!

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